La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, indica que el Juzgado de San Javier, en su resolución de abril de 2010, declaró la resolución del contrato de arrendamiento suscrito entre las partes en octubre de 1998 y comunicó al demandado "que debía dejar la finca libre y expedita en el plazo de un mes".
Aunque la parte demandada negó que se hubiera producido un subarriendo sobre esta propiedad rústica, tanto el Juzgado como ahora la Audiencia indican que se ha probado lo contrario.
Entre las pruebas tenidas en cuenta para llegar a esa conclusión, la sala afirma que el arrendatario fue declarado en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual de profesional de la agricultura como consecuencia del accidente sufrido en el año 2001, en el que perdió una pierna.
Igualmente, la sentencia tiene en cuenta lo manifestado por varios testigos y el informe elaborado por un detective privado, que señala que el propio subarrendatario le dijo que su sobrino "no tenía nada que ver con la finca desde que tuvo el accidente".